Las ciudades consumen el 67% de la energía mundial y generan el 70% de las emisiones, ocupando el 3% del territorio. El resto del territorio — el rural — produce los alimentos, captura el carbono, regula el agua y ahora debe producir también la energía renovable con la que las ciudades se descarbonizan. La transición ecológica no puede hacerse sin el rural. La pregunta es si puede hacerse sin destruirlo.
La transición ecológica — descarbonización, restauración de biodiversidad, transformación del sistema alimentario, adaptación al cambio climático — requiere el territorio rural de formas que ninguna política urbana puede sustituir. El rural es el sumidero de carbono, el regulador hídrico, el productor de alimentos sostenibles y, cada vez más, el suelo donde se instalan las renovables con las que las ciudades se descarbonizan. Sin embargo, la transición ecológica tal como se está diseñando puede beneficiar a algunos actores rurales y perjudicar a otros, puede descarbonizar la economía mientras vacía el territorio, puede instalar renovables mientras destruye la actividad agraria que sostenía la comunidad. Este cuaderno cierra la Serie III argumentando que no hay transición ecológica posible sin el rural como agente activo, no como receptáculo pasivo de proyectos diseñados en otro lugar, y que ese papel de agente activo requiere que la gobernanza de la transición sea descentralizada, participativa y distributiva de los beneficios económicos que genera.
The ecological transition — decarbonisation, biodiversity restoration, food system transformation, climate adaptation — requires rural territory in ways that no urban policy can substitute. Rural areas are the carbon sink, the water regulator, the producer of sustainable food and, increasingly, the land on which the renewables are installed that decarbonise cities. However, the ecological transition as currently designed can benefit some rural actors and harm others, can decarbonise the economy while emptying the territory, can install renewables while destroying the agricultural activity that sustained the community. This workbook closes Series III by arguing that there is no possible ecological transition without rural areas as active agents, not passive receptacles for projects designed elsewhere, and that this active role requires the governance of the transition to be decentralised, participatory and distributive of the economic benefits it generates.
Hay una asimetría de partida en el debate sobre la transición ecológica que conviene nombrar: la mayor parte de la demanda energética, las emisiones de CO₂ y la presión sobre los recursos naturales se genera en las ciudades. Y la mayor parte de los recursos necesarios para revertir esa presión — suelo para renovables, sumideros de carbono, agua limpia, biodiversidad que sostiene los sistemas de producción — están en el rural. Las ciudades necesitan el rural para su propia descarbonización de una forma que no tiene el equivalente inverso.
Esa asimetría no implica que el rural sea inocente en los procesos de degradación ambiental — la ganadería intensiva, la sobreexplotación de acuíferos y los incendios por abandono son problemas rurales con causas rurales y urbanas — pero sí implica que la transición ecológica no puede ser un proyecto urbano que se ejecuta sobre territorio rural sin la participación activa y el beneficio directo de quienes viven en él.
La paradoja está bien formulada: el abandono del rural es, en sí mismo, un problema ambiental. Los incendios de 2025 no son solo el resultado de una sequía más severa: son el resultado de décadas de abandono de la gestión territorial que requeriría una comunidad rural activa para sostenerse. La despoblación produce deforestación descontrolada, produce pérdida de biodiversidad, produce degradación de cuencas hidrográficas. La transición ecológica que no revierte la despoblación no resuelve esos problemas: los deja crecer en silencio.
del territorio nacional es medio rural, pero alberga solo el 16% de la población (CIDE, Observatorio de Descarbonización Rural, 2024)
de la energía mundial se consume en ciudades que ocupan solo el 3% del territorio (Agencia Internacional de la Energía, 2020)
Las zonas rurales tienen un nivel de electrificación un 15% inferior a la media nacional, con mayor dependencia de combustibles fósiles (CIDE, 2024)
toneladas de residuos agropecuarios y vegetales anuales con potencial para biomasa y combustibles renovables (Deloitte, 2024)
La contribución del rural a la transición ecológica no se reduce a ser el lugar donde se instalan los parques eólicos y solares. Es más amplia, más diversa y, en algunos casos, más difícil de reemplazar con tecnología.
El suelo rural — con baja densidad de población, alta irradiación solar y recurso eólico abundante — es la plataforma física de la transición energética. España tiene 50 millones de hectáreas de las cuales solo el 5% está edificado. Sin ese suelo, no hay descarbonización del sistema eléctrico.
El reto: que la instalación de renovables no destruya los usos agrarios y ganaderos que sostienen el territorio y que son condición de la calidad paisajística y ambiental que hace valioso ese suelo.
Los suelos agrícolas bien gestionados, los pastizales, los sistemas agroforestales y los bosques son sumideros de carbono insustituibles. La neutralidad climática europea no es posible sin mantener y ampliar esa capacidad de captura, que requiere territorio rural gestionado activamente.
El sector rural español es aproximadamente neutro en el balance de emisiones y capturas. Sin gestión activa del territorio, esa neutralidad se puede perder en pocos años de abandono y degradación.
La transición ecológica del sistema alimentario — menos emisiones, más biodiversidad agrícola, menos dependencia de insumos externos, más soberanía alimentaria — requiere producción rural diversificada, pequeñas explotaciones con prácticas sostenibles y cadenas cortas de distribución que solo el territorio rural puede sostener.
Sin el rural activo, la alimentación depende completamente de cadenas largas industriales con alta huella de carbono. No hay transición alimentaria que prescinda del productor local.
Los ecosistemas rurales gestionados son la infraestructura verde que regula los ciclos hídricos, previene las inundaciones, recarga los acuíferos y reduce la erosión. En un contexto de cambio climático con precipitaciones más extremas e irregulares, esa infraestructura es cada vez más valiosa y cada vez más difícil de sustituir con ingeniería.
La gestión activa del territorio rural reduce el riesgo de inundaciones aguas abajo. El abandono y la simplificación de los paisajes agrarios aumenta ese riesgo.
Las metas del Convenio de Biodiversidad — proteger el 30% del territorio para 2030 — no pueden cumplirse solo con parques naturales: requieren paisajes agrarios y forestales gestionados con biodiversidad, que dependen de que haya ganaderos extensivos, agricultores con mosaicos diversificados y gestores de bienes comunes activos.
La pérdida de biodiversidad es en parte consecuencia del abandono rural. Sin gestores locales que mantengan los hábitats de alto valor natural, la biodiversidad no sobrevive en la Red Natura 2000.
La prevención de incendios, la gestión de las masas forestales para adaptarlas al cambio climático y el mantenimiento de cortafuegos vivos mediante pastoreo son funciones que requieren población rural activa y sistemas de gobernanza comunitaria del territorio. No hay alternativa tecnológica que las sustituya completamente.
Los incendios de 2025 demostraron el coste de no tener esa gestión. La transición ecológica que no incluye la prevención de incendios mediante gestión del territorio rural es incompleta.
La transición energética española necesita instalar decenas de miles de megavatios de energía solar y eólica en los próximos años. La mayor parte de esa instalación ocurrirá en territorio rural: el suelo barato, la ausencia de conflictos urbanísticos y el recurso energético concentrado hacen del interior rural la localización más eficiente para esas instalaciones. España tiene uno de los mayores potenciales de renovables de Europa, y ese potencial está distribuido sobre territorios que concentran una fracción pequeña de su población.
El problema no es que las renovables lleguen al rural. El problema es la forma en que llegan. Un parque solar de 500 hectáreas propiedad de un fondo de inversión que exporta la energía generada a las redes eléctricas nacionales y paga un canon al propietario del suelo puede descarbonizar la economía española sin generar empleo estable en el territorio, sin distribuir los beneficios a la comunidad local y sin garantizar que la actividad agraria desplazada tenga alternativa. La descarbonización ocurre; el territorio rural se empobrece.
El secretario general para el Reto Demográfico del MITECO lo formuló con precisión en enero de 2026: la implantación de las energías renovables no responde a una solución mágica ni uniforme, porque hablamos de territorios únicos, con realidades, estructuras y sensibilidades muy distintas. Su desarrollo debe partir del conocimiento profundo de cada territorio y de lo que esperan las personas que viven en él. El diagnóstico es correcto; la cuestión es si las políticas que siguen a ese diagnóstico tienen los instrumentos para hacerlo real.
El informe de Funcas (2023) señala la asimetría con claridad: los territorios urbanos necesitan energía renovable creciente para satisfacer la demanda de sus habitantes, y los territorios rurales serán los que en mayor medida producirán esas fuentes energéticas. Esta dicotomía espacial convierte a España en un caso de estudio donde la pregunta sobre quién se beneficia de la transición energética es inseparable de la pregunta sobre qué se hace con el territorio que la hace posible.
La diferencia entre una transición ecológica que incluye al rural y una que lo usa sin incluirlo no es solo ética: produce resultados diferentes en términos de efectividad y sostenibilidad a largo plazo. La siguiente tabla contrasta las dos aproximaciones.
| Dimensión | Transición sin el rural como agente | Transición con el rural como agente |
|---|---|---|
| Energía renovable | Grandes instalaciones de fondos externos que usan el suelo rural como plataforma. Beneficios financieros exportados. Canon mínimo al propietario del suelo. Sin empleo local estable | Comunidades energéticas locales, cooperativas de productores de energía, agrivoltaica integrada con la actividad agraria, distribución de beneficios a los municipios de implantación |
| Captura de carbono | Mercados de carbono voluntarios accesibles principalmente a grandes propietarios forestales. Pequeños agricultores y ganaderos excluidos por costes de certificación | Esquemas de pago simplificado por prácticas de captura de carbono en agricultura y ganadería, accesibles para pequeñas explotaciones. Reconocimiento del trabajo cotidiano de gestión del suelo |
| Sistema alimentario | Transición hacia alimentación plant-based y proteínas alternativas producidas industrialmente, con pérdida de la ganadería extensiva que mantiene los paisajes y la biodiversidad | Transición que distingue entre ganadería intensiva (que necesita transformarse) y ganadería extensiva (que es parte de la solución) y diseña políticas diferenciadas para cada una |
| Biodiversidad | Protección de áreas naturales sin gestión activa. Los ganaderos extensivos que mantienen la biodiversidad de los pastizales no reciben retribución. Abandono de hábitats de alto valor natural | Pago por servicios ecosistémicos que remunera a ganaderos, agricultores y gestores de bienes comunes por mantener la biodiversidad de los paisajes agrarios gestionados |
| Gobernanza | Decisiones sobre la transición tomadas en capitales nacionales y sedes corporativas. El rural como territorio donde se ejecutan proyectos diseñados en otro lugar | Planificación territorial participativa que integra a comunidades locales en las decisiones sobre qué proyectos de transición se instalan, dónde y con qué condiciones de beneficio local |
La energía agrivoltaica — la coexistencia de paneles solares y actividad agrícola en el mismo suelo — es el ejemplo más visible de una transición energética que no tiene que desplazar la actividad agraria para producir energía renovable. Los estudios disponibles muestran que en determinadas condiciones puede producir ambos simultáneamente: la sombra parcial de los paneles reduce la evapotranspiración, mantiene la humedad del suelo y puede incluso mejorar el rendimiento de determinados cultivos en zonas con exceso de irradiación. La electricidad generada puede usarse en autoconsumo por la explotación, reduciendo sus costes energéticos, y el excedente puede venderse a la red o a una comunidad energética local.
El informe de Deloitte (2024) sobre la transición energética en el entorno rural español señala que la agrivoltaica permite el uso compartido de suelo agrícola para cultivos y producción fotovoltaica, con mejoras en el rendimiento de hasta el 60%, reducción de la evaporación del agua y generación de ingresos adicionales. No es una solución universal — depende del tipo de cultivo, el clima y la escala — pero ilustra el principio de que la transición ecológica puede diseñarse para ser compatible con la actividad rural, no sustitutiva de ella.
El mismo principio se aplica a otras formas de integración: biometano producido con residuos ganaderos que reduce las emisiones del sector y genera ingresos adicionales para las explotaciones; pequeñas hidráulicas en comunidades de regantes que producen energía para su propio uso; comunidades energéticas que agregan el autoconsumo de varios municipios rurales y les permiten participar en los mercados eléctricos en condiciones iguales a los grandes operadores. Todas estas formas existen y funcionan en distintos países europeos. En España, el marco regulatorio para las comunidades energéticas rurales existe desde 2021 pero su desarrollo ha sido lento por falta de simplificación administrativa y apoyo técnico a los potenciales promotores.
La transición ecológica justa no es solo una demanda ética: es una condición de viabilidad. Sin aceptación social de las comunidades rurales, muchos de los proyectos necesarios para la descarbonización enfrentarán resistencia, retrasos y judicialización que los harán imposibles. El camino más rápido hacia la transición ecológica es también el más justo.
Un canon obligatorio sobre los ingresos de los parques eólicos y solares que se distribuya entre los municipios rurales de implantación — y no solo al propietario del suelo — crearía un vínculo directo entre la descarbonización y el desarrollo económico local. Algunos países europeos ya aplican este modelo. En España, la propuesta está en debate pero sin desarrollo legislativo.
El marco regulatorio existe. El problema es su complejidad administrativa para municipios pequeños sin capacidad técnica propia. Crear una ventanilla única autonómica de apoyo a la creación de comunidades energéticas rurales, con asesoramiento técnico y jurídico gratuito para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, haría accesible un instrumento que hoy, en la práctica, es solo para actores con recursos propios.
La transición alimentaria necesita reducir la ganadería intensiva con alta huella ambiental. No necesita reducir la ganadería extensiva que mantiene pastizales de alto valor, previene incendios y conserva razas autóctonas. La política que no hace esa distinción destruye lo que debería proteger. Los ecoesquemas de la PAC y los futuros instrumentos de la Ley de Restauración de la Naturaleza deben diferenciar explícitamente y remunerar la extensiva.
La pérdida de población rural no es solo un problema social: es un problema ambiental, porque el territorio abandonado pierde la gestión humana que mantenía sus servicios ecosistémicos. Las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos que pueden acelerar la despoblación rural (concentración de instalaciones energéticas, cierre de infraestructuras, recorte de servicios) deberían incluir ese coste ambiental indirecto como parte del análisis.
Actualmente no hay un plan específico de transición ecológica para el medio rural que integre todas las dimensiones (energía, alimentación, biodiversidad, adaptación climática, gobernanza) y que haya sido diseñado con participación real de las comunidades rurales. El MITECO tiene mandato para ello; falta el proceso participativo que convierta el mandato en hoja de ruta con territorios concretos, plazos y recursos.
Los cinco cuadernos de la Serie III han construido un argumento sobre los marcos institucionales y políticos que condicionan el futuro del rural. Su hilo conductor es que las decisiones sobre el territorio rural — cómo se mide su éxito, quién paga por lo que produce, en qué mercados compite, cómo se planifica, qué papel tiene en la transición ecológica — no son decisiones técnicas neutras. Son decisiones políticas que distribuyen poder, recursos y costes entre actores con intereses distintos.
El Nº 13 demostró que los indicadores que se usan para evaluar el rural producen sistemáticamente un diagnóstico de fracaso sobre territorios que funcionan, porque miden lo que tiene precio e ignoran lo que no lo tiene. El Nº 14 documentó que el rural produce servicios ecosistémicos con valor real que nadie paga, y propuso instrumentos para cambiar eso. El Nº 15 analizó la competencia en mercados globales y distinguió entre la competencia justa (con reciprocidad de estándares) y el dumping ambiental y social que desequilibra el campo europeo. El Nº 16 mostró que Galicia tiene las herramientas legislativas para una buena gobernanza territorial pero no ha construido el sistema de coordinación entre esas herramientas. Y este Nº 17 cierra argumentando que la transición ecológica es imposible sin el rural como agente activo, y que hacerlo como receptáculo pasivo de proyectos externos es la forma más rápida de descarbonizar la economía mientras se vacía el territorio que la hace posible.
La Serie III pasa el testigo a la Serie IV — Cultura, innovación y narrativa — que examinará cómo se cuenta el rural y por qué esa narrativa importa tanto como las políticas que la acompañan.