Hay una mujer en un pueblo de montaña gallego que cuida a su madre con demencia, mantiene una huerta de media hectárea que alimenta a tres familias, participa en la comunidad de montes que gestiona 200 hectáreas de robledal y sabe distinguir doce variedades de manzana local. Ninguna de esas actividades cuenta en el PIB municipal. En el informe de desarrollo rural que ese municipio presentará a la Diputación, ella no existe como agente económico.
Eso no es una anomalía estadística. Es el resultado de una decisión de qué cuenta como economía. Desde que Simon Kuznets diseñó el sistema de cuentas nacionales en los años treinta — encargado para calcular la capacidad de producción de guerra de Estados Unidos — el mercado fue el criterio de inclusión: lo que se compra y se vende existe; lo que no, no. Esa definición, útil para su propósito original, se generalizó hasta convertirse en la forma dominante de entender qué es la economía. Sus consecuencias son hoy tan naturalizadas que es difícil verlas como lo que son: una elección política que tiene ganadores y perdedores.
Los perdedores más sistemáticos son los que producen valor sin pasarlo por el mercado. Y en el rural, esa economía invisible es estructuralmente más grande que en los entornos urbanos: la producción para el autoconsumo, el cuidado de personas dependientes sin servicios externos, la gestión del territorio como bien colectivo, la transmisión de conocimiento fuera de los circuitos formales. Todo eso sostiene la vida rural cotidiana. Y todo eso desaparece del mapa cuando la política diseña sus intervenciones.
La economía hegemónica invisibiliza los procesos vitales necesarios, subsumiéndolos a la esfera de lo privado y lo feminizado. Se desdeñan las actividades indispensables para la reproducción de la fuerza de trabajo, que es lo que sostiene en buena medida la producción de mercado.
Pérez Orozco, A. — citada en Castellano Sáenz-Cavia, R. (2022). El sostenimiento de la vida: Trayectorias de trabajo remunerado y no remunerado. Scielo México.
La consecuencia directa para el rural es que las políticas de desarrollo rural diseñadas con indicadores de mercado tienden a apoyar lo que ya existe en el mercado — las explotaciones agrarias registradas, las empresas de turismo, los proyectos con plan de negocio — y a ignorar lo que sostiene el territorio antes de que haya ningún plan de negocio. Cuando lo que hay que sostener desaparece, los proyectos que dependían de ello también desaparecen, aunque el sistema de evaluación nunca registre la cadena causal.
