Hay una frase que aparece, con ligeras variaciones, en casi todos los documentos de política territorial gallega de los últimos cincuenta años: la excesiva fragmentación de la propiedad, el abandono de las tierras y la falta de coordinación entre usos agroforestales son la causa de los principales problemas ambientales y socioeconómicos del territorio rural gallego. La frase está en la exposición de motivos de la Ley de Recuperación de la Tierra Agraria de 2021. Estaba, con palabras casi idénticas, en la Ley de Mejora de la Estructura Territorial Agraria de 2015. Estaba en las Directrices de Ordenación del Territorio de 2011. Y en documentos anteriores que se remontan décadas.
El diagnóstico está claro. Lo que no está claro es por qué, con ese diagnóstico repetido y ese arsenal legislativo acumulado, el problema sigue exactamente igual. Parte de la respuesta es simple: legislar no es lo mismo que implementar. Las leyes tienen mecanismos que requieren presupuesto, voluntad política y capacidad administrativa para operar. Sin esas tres cosas, un texto normativo es solo una declaración de intenciones bien redactada. Pero hay algo más profundo: el problema de la gobernanza territorial gallega no es solo de implementación. Es estructural.
La necesaria escala de integración subregional, supralocal, metropolitana o comarcal no se ha materializado. Es muy grave que no se hayan dado pasos decididos hacia la conformación de áreas integradas por encima del municipio y por debajo del conjunto autonómico, pese a que la mayoría de los expertos reivindican esa necesidad.
Investigadores — El problemático recorrido de la ordenación del territorio en Galicia, ResearchGate, 2010
Esa observación de 2010 sigue siendo válida en 2026. Galicia tiene 313 municipios, muchos de ellos demasiado pequeños para tener capacidad técnica propia, y una escala autonómica demasiado grande para tomar decisiones sobre usos del suelo concretos. En el medio, el vacío institucional de la escala comarcal, que se abordó en los años noventa con la creación de 53 comarcas y sus correspondientes consejos pero sin dotación de competencias reales de planificación territorial. El resultado es que cada municipio toma sus decisiones sobre el suelo rústico con su criterio particular, y la Xunta suma esas decisiones municipales a sus propios planes sectoriales — forestal, agrario, energético, de infraestructuras — sin un instrumento de síntesis que garantice coherencia.
