Hay un círculo que pocas veces se hace explícito en el debate sobre el rural español: los indicadores que usamos para evaluar el estado de los territorios rurales producen un diagnóstico que justifica las políticas que se aplican, que a su vez refuerzan los procesos que los indicadores miden como fracaso, que justifican más de las mismas políticas. Para salir de ese círculo, hay que empezar por el inicio: ¿qué estamos midiendo?
Los principales instrumentos con los que se evalúa el éxito o el fracaso de un municipio o comarca rural en España son demográficos (población, saldo migratorio, estructura de edad), económicos (VAB, renta per cápita, empleo registrado, número de explotaciones activas) y de servicios (acceso a equipamientos, conectividad, infraestructuras). El denominador común de todos ellos es que miden escasez: cuánta gente falta, cuánta renta falta, qué servicios faltan. Un municipio de 300 habitantes en la sierra de Cuenca con baja renta monetaria, sin supermercado y con una población envejecida es, según todos esos indicadores, un caso de fracaso. El hecho de que ese municipio pueda tener agua limpia, paisaje de alto valor, una comunidad de montes que gestiona 1.500 hectáreas, un nivel de estrés prácticamente nulo y una calidad de relaciones sociales difícil de encontrar en ninguna ciudad no aparece en ningún informe de diagnóstico territorial.
El Premio Nobel Joseph Stiglitz se refirió a ese problema como "fetichismo del PIB": la tendencia a usar el crecimiento económico como medida de progreso social cuando el propio Kuznets, quien diseñó el sistema de cuentas nacionales en los años treinta, advirtió que el PIB no debía usarse como indicador de bienestar. El problema se agrava cuando ese indicador se aplica a escala municipal sin corrección por el nivel de precios local: un jubilado con pensión media en un pueblo sin coste de alquiler puede tener un poder adquisitivo real superior al de un trabajador con sueldo medio en Madrid, aunque la estadística muestre lo contrario.
Los indicadores demográficos de referencia no pueden ser los provinciales, para que no resulten discriminadas extensas áreas duramente castigadas por la despoblación que quedan ocultas por la presencia de grandes urbes que distorsionan las medias provinciales y esconden la problemática real.
FEMP — Documento de acción Comisión de Despoblación, 2017
Esa advertencia es válida, pero apunta en una dirección más limitada que la que este cuaderno propone. No se trata solo de mejorar la granularidad territorial de los indicadores demográficos: se trata de ampliar el sistema de medida para incluir dimensiones que los indicadores convencionales sistemáticamente ignoran.
